Antes que nada una obviedad: la “ley de medios”, ley
nacional aprobada en (amplia) mayoría, no es una batalla entre el gobierno y la
mayor corporación mediática del país. Se trata de una ley histórica que excede
en mucho a este gobierno, a Clarín, a La Nación, a Cristóbal López y a mi primo
Julio, que edita La Voz de González Catán. Esta
ley instala en el tablero de qué se debe ocupar el Estado argentino. Es un
escenario bélico, sí, pero no entre el kirchnerismo y el grupo Clarín, sino
entre intereses nacionales y colectivos e intereses de grupos económicos
privados que lucran con intereses económicos y culturales públicos. Si el
Estado no puede decidir sobre políticas audiovisuales, económicas, sociales y
culturales que incumben directamente en las vidas de las personas que lo
forman, cerremos las puertas y entreguémonos; no queda más que discutir. Porque,
¿qué cuestionan los que se oponen a esta ley? Por un lado están los líderes de
la oposición sin propuesta política, aquellos que son gerentes de intereses
corporativos que buscan gestionar desde el Estado, que apuestan a criticar y
hacer caer cualquier intento del actual gobierno que ponga la más mínima traba
a las empresas a la que ellos responden creyendo que así el gobierno se
debilitará y terminará cayendo. Y por otro lado están los directamente
perjudicados, el grupo Clarín sobre todo, que no quieren ceder ni uno de sus
privilegios. Es gracioso que una
corporación que maneja el 45% del mercado audiovisual hable de que esta ley atenta
contra la libertad de expresión. Una empresa que tiene el poder de decidir
cuáles voces se escuchan y cuales no en gran parte del territorio nacional. Esa
es la verdadera concentración del poder, el verdadero autoritarismo. Esta ley,
bien implementada por supuesto, impide la concentración del poder, distribuye
las voces, es plural y ampliamente democrática.
Y excede ampliamente a este y a cualquier gobierno. Los que
la llaman la “ley K” buscan embarrar la cancha, buscan hacer pensar a la gente
que es un capricho del gobierno para fundir al grupo Clarín porque es opositor.
Esto es una burrada. Esta ley sirve también para poder controlar al gobierno, a
este y a cualquiera. Esta ley hubiera impedido la fusión de Cablevisión y
Multicanal, una jugada del gobierno de Néstor Kirchner para lograr que el grupo
Clarín no lo hostigara. Miren qué curioso, hasta podría ser una “ley anti-K”.
Estamos en un momento clave. Si el Grupo Clarín le tuerce la
mano al Estado nacional, el futuro se tornará oscuro. Las políticas nacionales
deberán estar autorizadas por intereses financieros…otra vez.
DON CHICHO