La minería es una actividad económica importante en varios países del mundo. El tema, me parece, es la forma en la que se desarrolla. Existen formas apropiadas y otras que no, que son contaminantes en menor o mayor medida, y la regulación pública es lo único que puede garantizar que la cosa se haga bien. Y esto no es propio de la minería.
Si se realiza pesca indiscriminada y se vacían los mares, ¿debemos prohibir la pesca? Si se echan residuos de las fábricas que bordean al Riachuelo al agua ¿debemos prohibir la industria? Si algunos micros o camiones contaminan el ambiente con sus gases, ¿debemos prohibir el transporte automotor? Opino yo que no. Lo que debe hacerse es regular, legislar, controlar, para asegurarnos, como sociedad, vivir en un ambiente digno. No parece haber mucho espacio para las medias tintas.
En el caso de la megaminería, los Estados provinciales deben asegurarse y hacer pública una evaluación de un ente regulador reconocido y adecuado al fin (internacionalmente prestigioso de ser posible), para definir si la actividad es contaminante. Si no hay riesgo adelante; si algún recurso natural corre peligro a la merda con el proyecto. Todo firmado por los responsables, cortito y en letra clara. De otra manera todo navega en aguas caprichosas. El gobierno nacional (que no debería tener implicancia, pues los recursos naturales son propiedad de las provincias según la constitución desde 1994), no tendría que decir que los ambientalistas se meten a entorpecer posibles fuentes de trabajo. Podríamos sostener, desde esta lógica, la venta de galopa berreta y asesina para que el dealer no perdiera su laburo. Y la oposición no debería mal informar y decir que a minería, en general, contamina, pues atenta, en este caso sí, posibles puestos de trabajo al ahuyentar futuros proyectos.
El gobierno nacional le pifia al pepe, metiéndose en aguas que no le son propias y al no exigir, cosa que sí debería hacer, informes detallados de la coherencia del proyecto de Famatina y hacerlo público al instante. Y los opositores se desmadran al generalizar cuestiones con el único objetivo de embarrar la cancha y ensuciar al gobierno nacional.
En el medio, la gente, como siempre.
DON CHICHO
No se trata de si el Gobierno Nacional tiene o no implicancia en la decisión con respecto a si se pueden o no tomar los recursos naturales de las Provincias. Tampoco de si aplican o no controles y sanciones... Se trata de que, DESDE EL VAMOS, el Gobierno Nacional tiene intereses económicos y arreglos con empresas como Barrick Gold y similares.
ResponderEliminarControlar y sancionar, sería 'controlarse y sancionarse'.
Ese es el camino, señor Victor. Sean o no culpables de algo, por eso mismo debemos exigir que controlen.
ResponderEliminarPero bien sabemos que en determinados controles hay "moneda" de por medio.
ResponderEliminarSí, suena a clishé. Pero acaso, por más que "autocontrolen", no tenemos la certeza que desistirán en explotar ese recurso.
Seguirán con su objetivo. Si en el futuro alguna población se ve afectada, otro clishé hará su aparición: "no se tendría que haber hecho eso, pero ya está"...
Más allá de algunos brotes de locura, o cortes ruta, cacerolazos, la gente sólo se indigna; pero no va a salir a matar a nadie.
La indignación no dura mucho. Al menos en estos temas.
Saludo al viejochoto Raúl. Nos vemos in der bibliothek...
la indignación puede disiparse en las ciudades pero los pueblos amenazados por la megaminería seguirán con su lucha como lo viene haciendo desde hace muchos años
ResponderEliminarMás que el agua (excusa), más que el cianuro (excusa complementaria a la anterior) me interesaría saber qué gravámenes paga la minería a nuestro País. Tendrían que ser importantes, ya que los minerales son recursos NO renovables...
ResponderEliminarEn este tema, vengo observando que no se expresan opiniones bien fundamentadas en CONTRA de las minas, y en cambio, abundan las opiniones en CONTRA del Gobierno... entonces, queda claro cuál es la verdadera causa: oposición política!!! He visto que están creando mitos; he leído la intencionalidad de quienes los crean y difunden. La comunidad le está dedicando recursos a debates estériles y esto impide la demora las deliberaciones constructivas para generar cambios allí donde la minería necesita mejorar: infraestructura, mayor transparencia y efectividad en el uso de fondos públicos, falta de mano de obra calificada y de proveedores locales competitivos, mejorar los sistemas de información pública sobre controles ambientales, etc. Es imperativo indagar más allá de las opiniones, concentrarse en las evidencias y, así, desterrar los mitos.
Tampoco es para desesperarse, y crear falsas expectativas... porque en este tema, como en tantos otros, TENEMOS TODO POR HACER...